La entrada en vigor de las medidas que el presidente Barack Obama anunció en abril para liberalizar los contactos entre los cubanos que residen en Estados Unidos y sus familias en la isla ha sido recibida con optimismo entre los disidentes, en la Iglesia católica y en la calle. Sin embargo, la página web oficial Cubadebate objeta que sólo es un «barniz cosmético a las brutales sanciones que impone el bloqueo».

El sitio en la Red recuerda que la Administración demócrata ha tardado cinco meses en hacer efectiva la decisión presidencial. «Las nuevas reglas se encargan de regular qué regalos y qué cantidad de dinero en efectivo puede enviarse o gastarse a Cuba», dice.

En agosto, el presidente Raúl Castro reprochó que pidieran gestos a La Habana, cuando las medidas, anunciadas a bombo y platillo, no se aplicaban. Reiteró, de todos modos, su disposición a dialogar, pero no para negociar el sistema político y social: «No le pedimos a Estados Unidos que lo haga. Debemos respetar mutuamente nuestras diferencias».

La flexibilización publicada por el Departamento del Tesoro no levanta el embargo, pero permite los viajes de los cubanos residentes en EE UU y -algo histórico- incluye a estadounidenses con «familiares cercanos» en la isla. Pueden acompañar a sus parejas o visitar a padres, abuelos, tíos, primos y primos segundos, sin límite de entradas, y permanecer el tiempo que quieran. Hasta ahora era una vez cada tres años y la estancia era de 21 días.

Fija el ingreso de 3.000 dólares (alrededor de 2.100 euros) por viaje como remesa familiar, salvo para quienes sean funcionarios o miembros del Partido Comunista, y un gasto diario de 125 euros.

Pero la norma es más ambiciosa y, busca, «apoyar a los cubanos en su deseo de determinar el futuro de su país, promover más contactos entre miembros de familias separadas e incrementar el flujo de remesas e información».

Negociaciones complejas

Además, la reglamentación acepta que las compañías de telecomunicaciones desarrollen negocios en Cuba. Concretarlo necesitará negociaciones más complejas. Ofrecen instalar un cable de fibra óptica para mejorar las comunicaciones, así como que desde EE UU, los familiares envíen y paguen las facturas de teléfonos móviles utilizados en la isla. Y ya se negocia sobre el envío directo de correspondencia.

Es un asunto más espinoso. Castro levantó la prohibición de que los cubanos tuvieran celulares. En julio se lanzó una oferta sólo para isleños que rebajó el coste de las líneas a 30 euros y las llamadas internacionales a 1,26 euros el minuto. «La respuesta fue tan buena que lo han prorrogado hasta el 15 de diciembre», confirma un empleado de la compañía telefónica.

Para el Gobierno una mayor entrada de remesas, cifradas anteriormente en 800 millones de euros anuales, engrosaría sus arcas. Pero los beneficiados serán las familias que mejoraran su nivel de vida y podrán consumir más.

Por su parte, la Iglesia y los disidentes valoran la ley. Dionisio García, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, afirmó que «había que hacerlo desde hace mucho tiempo». Para Manuel Cuesta Morúa, líder del grupo opositor Arco Progresista, además de propiciar la reconexión familiar sirve de «plataforma para avanzar en el diálogo» bilateral.